Ifetel, en la mira del Senado

Tecnoempresa, Hugo González

Lo que menos quiero en estos momentos es dar motivos para revivir entre algunos expertos simplistas la analogía del nado sincronizado, pues se pensará que formo parte de una campaña en contra de los pobrecitos comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) por las barrabasadas que cometen una semana si y una no.

Sin embargo, no me importa, yo nado sincronizado, pero con los usuarios y los operadores que ven frenados los esfuerzos que se hacen para emparejar el terreno de juego en las telecomunicaciones del país, con las pifias del regulador que, siendo sinceros, se quedó muy chiquito, guango, frágil, así como lo dije desde que se nombraron a sus integrantes.

Por eso no veo descabellada la idea de que en el futuro próximo el Senado no solo tenga que presentar una controversia constitucional contra las medidas adoptadas por el Ifetel en materia de portabilidad (como lo hizo ayer), sino que también presente otra controversia por lo que se avecina con la desatinada consulta sobre la larga distancia que convocó el regulador. Es más, creo que en una de esas varios senadores comenzarán a ver la posibilidad de una eventual remoción de ciertos comisionados, pues atentar contra la reforma y la misma ley de telecomunicaciones puede ser considerado como causa grave. Al tiempo.

Curiosas coincidencias

En la industria de las Tecnologías de Información (TI) ven con asombro como el Grupo Altavista, del afamado Ricardo Orrantia, ha optado en los últimos años por sumar a sus filas a ex servidores públicos que ocuparon puestos relevantes en el gobierno federal, quienes casualmente trabajaron en las dependencias que tienen celebrados contratos con dicha empresa. Una de sus últimas adquisiciones fue Luis Antonio Morales Sandoval, personaje que laboró por más de 20 años en el Sistema de Administración Tributaria, periodo durante el cual, curiosamente, Altavista ganó varios contratos con la dependencia federal.

Otra coincidencia es que en cierta empresa recientemente intervenida por el gobierno se nombró como interventor a un abogado que participó en la liquidación o concurso mercantil de otras firmas, en cuyo proceso surgieron versiones sobre prácticas abusivas, como cargar a las empresas intervenidas la nómina de todo su despacho y familiares o quedarse con el inmueble de una empresa quebrada. Luego le sigo.

hugo.gonzalez@milenio.com

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