Tal vez recuerdes el caso de las 240 mil laptops que había comprado la Secretaría de Educación Pública para entregar a niños de primaria en el país, mediante un contrato valuado en poco más de 700 millones de pesos. Tal vez lo recuerdes por el ruido mediático que se hizo y porque algunos diputados, como Juan Pablo Adame, del PAN, pidieron esclarecer la adjudicación; sin embargo, de no haber sido por eso no te habrías dado cuenta de la estafa que se perpetraría contra la SEP.
Por eso ahora te confirmo que sí, allí voy otra vez con el asunto del contrato de “Aprovisionamiento de equipo de cómputo personal” para todo el sector de desarrollo social, pues me ha llegado información con la cual no solo se confirman anomalías en el fallo sobre la oferta ganadora, sino que incluso se documentan irregularidades con las cuales se debería rescindir el contrato, que si bien está valuado en un piso de casi 400 millones de pesos, puede alcanzar un techo de casi 700 millones de pesos en tres años (MILENIO Diario, 26 de septiembre de 2013).
Abogados especializados en licitaciones me informan que cuando se hace una adhesión a un contrato similar de una dependencia se tienen que considerar tres puntos fundamentales que están establecidos en el artículo 72 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones. El primero es la carta de compromiso del proveedor en la que se compromete a mantener el precio, la calidad y las características del equipo; en este caso del contrato firmado en 2011 entre Cepra y la SCT.
El segundo es que se debe hacer una investigación de mercado en el cual se incluya un anexo técnico que debe ser igualito al que se utilizó en la SCT y cuya única variable puede ser el volumen de equipo. Pero quién sabe con qué criterios técnicos se hizo ese estudio, pues aunque en Compranet existen 15 contratos a los cuales se pueden adherir, solo se tomaron en cuenta siete. De esos se descartaron otros tres.
Con base en el estudio de mercado, la dependencia tiene la obligación de al menos solicitar la cotización a los tres proveedores que tienen los precios más bajos, mediante oficio, lo que no sucedió, o al menos eso me dicen tres fuentes tanto de la Sedesol como de las empresas del sector tecnología.
Pero el escándalo no queda allí, pues, según la información que tengo, la empresa Cepra no ha implementado ni 60 por ciento del equipo comprometido para el 21 de agosto, además de que se han entregado dispositivos usados y en malas condiciones.
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