De acuerdo con un exhorto de urgente y obvia resolución aprobado el miércoles pasado por la Cámara de Diputados, se calcula que en México 20,000 niños son sexualmente explotados, negocio que a la delincuencia organizada le deja ganancias por más de 24 mil millones de dólares anuales.
El exhorto está dirigido a los gobiernos de aquellos estados que aún no han tipificado el delito de turismo de sexual que involucra a menores de edad para que sus congresos locales incluyan en sus códigos penales el siguiente texto:
"A quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del estado con la finalidad de que realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados a las personas a que hace alusión el párrafo precedente [menores de edad], se le impondrá una pena de siete a 14 años de prisión y multa de 200 a mil unidades".
"Se impondrá una pena de prisión de diez a veinte años y multa de 500 a mil 500 unidades, a quienes ingresen al territorio del estado con la finalidad de realizar actos sexuales reales o simulados con las personas a que hace alusión el párrafo precedente".
Resulta difícil creer que solo Colima, Baja California, Baja California Sur, Distrito Federal, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán, Sinaloa y el Distrito Federal, tipifiquen el turismo sexual infantil como un delito en sus códigos penales.
Más difícil aceptar que los códigos penales de Chihuahua, Guerrero y Quintana Roo no lo hayan tipificado aún si se considera que Ciudad Juárez, Acapulco y Guerrero son destinos favoritos de turistas nacionales y extranjeros que buscan "realizar actos sexuales reales o simulados" con niñas y niños que son explotados sexualmente por los delincuentes más viles que uno pueda imaginar y muchos veces asesinados cuando dejan de serles útiles a sus explotadores.
De acuerdo con un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, los principales centros turísticos de nuestro país son los destinos usuales de estos turistas depravados. El mismo documento asegura que el número de menores de edad que son explotados sexualmente va en aumento ante la aparente indiferencia de los gobiernos federal y estatales.
¿Cuándo fue la última vez, si es que acaso hubo alguna vez, en que alguna de las 33 procuradurías del país, ya sea la PGR o la de algún estado, anunció la desarticulación de alguna banda de traficantes de niños que son sexualmente explotados? ¿O de alguna organización dedicada a la producción y distribución de pornografía infantil, sucio negocio en donde nuestro país cada vez es más prominente?
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